En una sesión marcada por la tensión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la controvertida reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma, que ha generado un intenso debate desde su presentación el pasado 5 de febrero, busca fortalecer el papel del Estado en la transmisión y distribución de energía eléctrica, al tiempo que reduce la participación del sector privado.

Con 21 votos a favor y 18 en contra, la reforma fue avalada a pesar del rechazo unánime de la oposición. Esta última advierte que la iniciativa socava la autonomía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), transformándola de una Empresa Productiva del Estado a una Empresa Pública del Estado. Según los opositores, esta modificación abriría la puerta al control gubernamental sobre la CFE, fomentando un monopolio estatal y limitando la competitividad en el sector.

Saúl Téllez, diputado del PAN, fue uno de los principales críticos de la reforma. Señaló que la conversión de la CFE en una empresa pública podría llevar a una dependencia financiera del Estado y a una manipulación de tarifas eléctricas. Téllez recordó que la CFE ha recibido millonarios subsidios en los últimos años, lo que, en su opinión, refleja la ineficiencia de la empresa bajo la actual administración.

Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, acusó al partido Morena de “despedazar” a la CFE, argumentando que la empresa, que antes tenía números positivos, ahora enfrenta pérdidas millonarias. Moreira también criticó que, en lugar de reducir costos, la reforma podría incrementarlos.

En contraste, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT, defendió con vehemencia la reforma y arremetió contra la oposición, calificándola de “traidores a la patria” por, según él, priorizar los intereses de las empresas privadas sobre los del país. Óscar Cantón Zetina, de Morena, agregó que la reforma busca garantizar la seguridad y soberanía energética de México, asegurando una electricidad suficiente, continua, de calidad y a menor costo para los ciudadanos.

Esta reforma surge tras el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021, y propone modificar los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. La propuesta también redefine las Empresas Productivas del Estado como Empresas Públicas del Estado y permite la participación del sector privado en ciertas actividades de la industria eléctrica, aunque sin prevalecer sobre la CFE.

El debate sobre la reforma eléctrica continúa, y se espera que su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sea aún más intensa, dado el impacto que podría tener en el futuro energético de México.