Según fuentes judiciales, la denuncia contra Bautista Flores y otros exfuncionarios del Poder Judicial fue presentada el 9 de febrero de 2024 por Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. La denuncia señala que los acusados estarían implicados en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, con un presunto desvío de 50 millones de pesos en el primer semestre de 2023.

En marzo de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló un probable mal manejo de 82 millones de pesos en la cuenta pública de 2021 del Poder Judicial. Esta auditoría también expuso otras irregularidades durante la gestión de Bautista Flores, incluyendo la presunta contratación de empresas “fantasma”.

La denuncia detalla la implicación de varios exfuncionarios en la contratación de estas empresas fachada. Entre los involucrados se encuentran la exdirectora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores; el exsubdirector de Recursos Materiales, Ofir Aly Gutiérrez Ponce; y los exjefes del Departamento de Servicios Generales, Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo. Según la denuncia, estas personas habrían participado en la contratación de empresas inexistentes, resultando en un desvío de 47 millones 448 mil 701 pesos.

La Contraloría del Poder Judicial realizó una auditoría al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023, revisando ingresos estatales y productos financieros por 908 millones 747 mil 559.11 pesos. El informe, emitido el 8 de febrero de 2024, identificó 29 observaciones administrativas y 10 recomendaciones, de las cuales solo 5 fueron aclaradas de forma completa por la Dirección General de Administración, mientras que 3 se aclararon parcialmente y las restantes no fueron justificadas.

Las observaciones relacionadas con la contratación de las empresas fantasma están marcadas en los informes con los números DGA/2023-1/014, DGA/2023-1/015, DGA/2023-1/023, DGA/2023-1/024 y DGA/2023-1/026.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado el estatus legal de los acusados ni si se han emitido órdenes de aprehensión adicionales. La situación sigue en desarrollo mientras las autoridades continúan investigando las irregularidades financieras en el Poder Judicial de Veracruz.