En el panteón Palo Verde de Xalapa descansan 260 cuerpos y restos humanos en fosas comunes que han quedado sin identificar, reveló el Módulo de Fosas Comunes de la Comisión Nacional de Búsqueda. De esta cifra, al menos 160 corresponden a inhumaciones realizadas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, algunos de ellos de personas reportadas como desaparecidas en ese período.

El trágico panorama del cementerio se vio agravado por la falta de una Unidad de Identificación Forense, a pesar de que se destinaron 15 millones de pesos para su construcción. Sin embargo, la obra fue cancelada debido a la protesta de los vecinos de la zona.

Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, denunció que personas desaparecidas entre 2010 y 2014 fueron localizadas y posteriormente inhumadas en Palo Verde. Ejemplificó con el caso de Ricardo Guzmán Pérez, reportado como desaparecido en octubre de 2011 y localizado cinco días después, siendo enviado a la fosa común. Su familia, tras diez años de búsqueda, exige pruebas de ADN para la identificación de los restos.

Otro caso doloroso es el de Gemma Mávil, contadora desaparecida en mayo de 2011 y encontrada sin vida en septiembre del mismo año. A pesar de no realizarle exámenes de ADN, la Dirección de Servicios Periciales la envió al panteón Palo Verde, y hasta la fecha sus restos no han sido localizados en tres exhumaciones realizadas.

La falta de políticas efectivas para la preservación de las fosas comunes en Palo Verde es evidente, según Palacios. Las investigaciones ministeriales no garantizan la identificación de los cuerpos depositados allí, y la coordinación entre la Fiscalía y el Municipio es insuficiente.

La ausencia de recursos asignados para la vigilancia y reglamentación adecuada de las inhumaciones agrava la situación. Desde el año 2000 hasta 2016, el panteón registró un aumento considerable en las inhumaciones de cuerpos sin identificar, siendo el año 2016 el más crítico con 43 casos.

En resumen, Palo Verde no solo alberga historias de dolor y pérdida para las familias de los desaparecidos, sino que también refleja la desidia institucional y la falta de protocolos efectivos para la identificación de restos humanos. La demanda por una Unidad de Identificación Forense sigue vigente, mientras que las autoridades deben asumir su responsabilidad en la protección y respeto a la memoria de quienes descansan en ese lugar.