En el marco del proceso electoral de Veracruz, surgen serias dudas sobre la legalidad de dos personajes que aspiran a la candidatura por Morena para la alcaldía de Sayula de Alemán: Eduardo Sánchez Vargas, médico veterinario zootecnista, y Abimael Merino de los Santos, actual regidor del municipio. Ambos se encuentran envueltos en procesos judiciales que han levantado interrogantes sobre su capacidad para competir en los comicios municipales del 2025.

Eduardo Sánchez Vargas: Un pasado judicial que empaña su candidatura

Sánchez Vargas fue detenido en enero de 2023, permaneciendo casi cinco meses en el penal de Pacho Viejo. Durante ese tiempo, se le sometió a un proceso judicial que culminó con su liberación tras aceptar un juicio abreviado. La sentencia condenatoria que recibió, aunque no lo inhabilita de manera inmediata, deja en el aire la pregunta de si su reciente paso por prisión podría representar un obstáculo para su candidatura.

El artículo 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre en Veracruz establece que para ocupar el cargo de presidente municipal no se deben tener antecedentes penales por delitos dolosos, salvo que se haya concedido una conmutación o suspensión condicional de la sanción. En este contexto, el episodio judicial de Sánchez Vargas podría contradecir los requisitos legales establecidos, afectando su posibilidad de postularse en las elecciones municipales.

Abimael Merino de los Santos: Una controversia sin resolución definitiva

El caso de Abimael Merino, regidor de Sayula de Alemán y militante de Morena, también ha generado polémica. Merino fue detenido en enero de 2023 acusado de violencia de género contra la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, así como de delitos relacionados con la libertad de reunión y expresión. Tras varios meses de detención, fue liberado en mayo de 2024 gracias a dos amparos que anularon las acusaciones en su contra.

Sin embargo, aunque un juez federal absolvió a Merino, el caso sigue pendiente de revisión por parte de un tribunal colegiado en Xalapa, luego de que la Fiscalía General de Justicia interpusiera una queja. Esta situación deja en suspenso el futuro judicial del regidor, quien, de acuerdo con el marco legal, podría enfrentar impedimentos para postularse si las acusaciones fueran ratificadas o si el tribunal decidiera modificar la decisión del juez federal.

A pesar de esto, Merino ha manifestado públicamente que, según sus abogados, su situación jurídica no representa un impedimento para su candidatura. En declaraciones recientes, expresó su confianza en que el tribunal colegiado ratificará la decisión del juez federal, lo que le permitiría competir en las elecciones sin problemas legales.

¿Es posible una candidatura con estos antecedentes?

Los casos de Sánchez Vargas y Merino coinciden en varios puntos: ambos fueron detenidos en 2023, ambos enfrentan procesos judiciales, y ambos se encuentran actualmente en libertad. Sin embargo, sus situaciones legales siguen siendo ambiguas y podrían complicar sus aspiraciones para la alcaldía.

La aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica del Municipio Libre es clave en este escenario, ya que estipula que aquellos con antecedentes penales por delitos dolosos no son aptos para ocupar cargos de elección popular, a menos que se haya concedido una conmutación o suspensión condicional de la sanción. Mientras tanto, la opinión pública y los medios de comunicación siguen atentos a los avances judiciales de ambos personajes, a la espera de que se definan con claridad los términos legales que podrían determinar su participación en las próximas elecciones municipales.

A medida que se acerca la fecha de los comicios, la controversia legal que rodea a Sánchez Vargas y Merino se mantiene vigente, poniendo en duda su capacidad para competir en un proceso electoral que, de confirmarse su candidatura, podría no solo marcar un hito en la política local, sino también colocar a la justicia veracruzana, en el papel de una vulgar prostituta.