Raúl Domínguez/FirmasMx

En un panorama que debería ser alentador para la transparencia y la rendición de cuentas en el estado, la realidad es desoladora. De las 200 denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el incumplimiento de deberes legales y daño patrimonial durante los ejercicios fiscales de 2017 al 2021, apenas en 2 casos la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tomado acción concretamente, ejecutando órdenes de aprehensión contra exalcaldes. Esta situación plantea una grave interrogante sobre la efectividad de los mecanismos de justicia y la lucha contra la impunidad en Veracruz.

La auditora general, Delia González Cobos, se vio en la necesidad de explicar este preocupante fenómeno. Según sus declaraciones, los únicos dos casos en los que la Fiscalía Anticorrupción actuó y logró la detención de exalcaldes fueron los de Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada. Sin embargo, en el resto de las denuncias, la Fiscalía ha solicitado información adicional para continuar con la investigación. En ningún momento se ha informado que alguna de estas denuncias haya sido declarada improcedente o haya sido archivada. Esta falta de avances significativos arroja sombras sobre la efectividad de las acciones emprendidas por las autoridades competentes.

La auditora González Cobos hizo hincapié en que la ley no obliga a la Fiscalía a informar al Orfis sobre las órdenes de aprehensión emitidas o las detenciones de exfuncionarios. Sin embargo, es evidente que existe una desconexión preocupante entre ambas instituciones, lo que, en última instancia, podría socavar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Veracruz.

El argumento de los diputados de que presentar denuncias es fundamental para evitar la impunidad y generar confianza en el Orfis es válido en teoría, pero la realidad nos muestra que la presentación de denuncias no garantiza de ninguna manera la acción de la justicia. La falta de resultados tangibles después de 200 denuncias es un signo claro de que algo está fallando en el sistema.

González Cobos afirmó que el Orfis seguirá presentando denuncias contra aquellos que incurran en irregularidades administrativas. Sin embargo, esta promesa se siente vacía cuando no se ven resultados concretos en casos previos. Además, destacó que en las revisiones de las nuevas cuentas públicas no se han detectado irregularidades de este tipo, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de la fiscalización en Veracruz.

En última instancia, el propósito de presentar denuncias debería ser inhibir malos manejos de los recursos públicos por parte de las autoridades municipales y estatales. Sin embargo, si estas denuncias no se traducen en acciones efectivas por parte de la justicia, se pone en duda la capacidad del sistema para cumplir con su cometido. El pueblo de Veracruz merece una respuesta más sólida y eficaz a estas denuncias para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y transparente.