Las autoridades de Bolivia, que se hicieron con el poder tras la dimisión del presidente Evo Morales, han escalado este lunes un nuevo peldaño en la crisis con España y México y han declarado personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, a la embajadora mexicana en La Paz, María Teresa Mercado, y a un grupo de policías españoles, a los que han dado 72 horas para abandonar el país.

El Ejecutivo español, que hasta ahora había mantenido una actitud de suma cautela, ha decidido responder “en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia” con la expulsión de tres funcionarios de la Embajada de Bolivia en Madrid, que también deberán salir de España en 72 horas.

Se trata del encargado de negocios, Luis Quispe Condori, del agregado militar, Marcelo Vargas Barral, y del policial, Orso Fernando Oblitas Siles.

“España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Para España, cualquier afirmación en este sentido constituye una calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias”, señala el comunicado difundido el lunes por la tarde por el Gobierno español que encabeza el Presidente Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

“España exige que el actual Gobierno interino de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación”.

Previamente, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, había justificado la decisión de su Gobierno alegando que “este grupo de representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia“.

En una comparecencia en el palacio de Gobierno de La Paz, Áñez anunció que había decidido “declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntos diplomáticos encapuchados y armados, subrayó.

“La conducta hostil [de estos funcionarios] intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia desafiando a los oficiales policiales bolivianos y [a] los propios ciudadanos son hechos que no podemos dejar pasar”, subrayó.

Áñez aludía al incidente que se produjo el pasado viernes en la entrada de la Embajada de México en La Paz, a la que acudieron la encargada de negocios y el cónsul español, escoltados por cuatro miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía, por invitación de la embajadora mexicana.

Cuando los agentes españoles se disponían a recoger a los dos funcionarios de Exteriores, los policías bolivianos que mantienen rodeada la embajada mexicana les impidieron el paso y un grupo de civiles comenzó a increparles y a golpear y zarandear sus vehículos, con matrícula diplomática.

Al advertir que los estaban grabando y fotografiando, los geo se cubrieron el rostro para evitar ser identificados.

Las autoridades de La Paz dieron pábulo a la teoría de que la presencia de los policías españoles respondía al objetivo de sacar clandestinamente de la legación diplomática mexicana a la decena de ex altos cargos del Gobierno de Evo Morales que se encuentran allí refugiados y, en especial, al exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, acusado de terrorismo y sedición.

La canciller boliviana, Karen Longaric, envió una carta a su homóloga española, Margarita Robles, en la que protestaba “enérgicamente por el atropello realizado por funcionarios de su misión diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo boliviano”; mientras que el ministro de Presidencia, Yerko Núñez, denunció “la existencia de un plan internacional para desestabilizar” a su gobierno.